Mppef(25/01/2018).- El Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó este jueves que se desarrollan investigaciones sobre la trama de legitimación de capitales en la Banca Privada de Andorra, donde estaría implicado el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez.
Durante rueda de prensa en la sede del Ministerio Público (MP), el funcionario detalló que el impacto financiero de la desviación de capitales de acuerdo al cálculo de crudo venezolano (factor K), pudiera superar los 5 mil millones de dólares entre 2009 y septiembre de 2017.
Saab manifestó que el expresidente de la estatal petrolera aparece vinculado al caso que se ha denominado «el buque fantasma», el cual trata sobre el buque para explotación de gas costa afuera Petro Saudi Saturn.
“El barco fue alquilado en un contrato cerrado por 7 años, de los cuales el 60% del tiempo estuvo inoperativo. Durante el tiempo que estuvo parado se pagó el 95% del costo del alquiler, un total de 1.175 millones 300 mil dólares así el barco no trabajara”, señaló.
Asimismo, indicó que Ramírez también se encuentra vinculado al caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena (Austria), oficina que manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos: el Factor K y los escaladores AGA, lo que produjo importantes pérdidas al país.
“Los supuestos errores de cálculo en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril para la determinación de regalías”, aseveró el Fiscal.
En el período 2009-2012, en el cual JBC Energy y la Oficina de Viena tenían poder absoluto: el Factor K para los crudos livianos Santa Bárbara y Mesa y otros crudos medianos se subvaloró en la Costa del Golfo de los EEUU
Mientras que el Factor K para los crudos pesados Merey y Boscán se subvaloró para su venta en Europa, lo cual produjo pérdidas al país.
El Fiscal informó también que en días pasados se presentó un escrito acusatorio en contra de los ciudadanos Diego Salazar y José Enrique Luongo, por la comisión del delito de corrupción pasiva simple.
Esta organización criminal habría blanqueado solo entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 una cantidad superior a los 1.347 millones euros.
Finalmente, aseguró que ya se tienen pruebas de que estas investigaciones fueron ocultadas por la antigua gestión del Ministerio Público, manejada por la exfiscal Luisa Ortega Díaz.
T/Andrea España
F/VTV
