MPPEF (14.08.2019). – El gobierno de Donald Trump ha generado una serie de medidas ilegales coercitivas con el fin de regular, limitar y prohibir en distintos territorios, propagando así un bloqueo en naciones en las que este no tiene ninguna autoridad.
Las medidas se fundamentan en el juicio que sostiene Estados Unidos sobre las situaciones internas de un Estado soberano como Venezuela.
Estas, pretenden condicionar, limitar y ajustar actuaciones de terceros Estados y entidades que no se encuentran bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Es importante resaltar que en Venezuela la norma suprema es la Constitución, por lo tanto, es inaplicable e ilegal cualquier regulación que no se emita conforme a la legislación venezolana.
Además, a través de estas acciones, se violan los principios que rigen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, entre las que resaltan la igualdad soberana de los Estados, la no intervención de asuntos internos de otros estados, el arreglo pacífico de controversias y por sobre todas las cosas, el respeto a los Derechos Humanos.
El gobierno de la nación norteamericana, ha aplicado medidas que han afectado directamente el ejercicio de los Derechos Humanos de la población venezolana, impidiendo la adquisición de alimentos, medicamentos e insumos esenciales para la vida digna del pueblo.
Esto convierte todas sus sanciones en nulidad, puesto que en Venezuela la norma suprema es la Constitución, haciendo de estas inaplicables e ilegales ante cualquier regulación que no se emita bajo las leyes venezolanas.
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