En el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II), el Gobierno Bolivariano ha consignado ante la Corte Penal Internacional (CPI) un estudio que aborda el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales, a la población de 152 naciones.
Tras reunirse en La Haya con el Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que la investigación publicada en la revista The Lancet Global Health detalla los efectos en la salud y la mortalidad.
Se determinó que más de 564 mil personas, en su mayoría menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de estas sanciones ilícitas que buscan promover la política de un «cambio de régimen», de acuerdo a lo señalado por la vicepresidenta. Esta cifra es comparable a la tasa de mortalidad anual en conflictos armados.
Rodríguez enfatizó que este documento ratifica la denuncia presentada por Venezuela hace cinco años ante el organismo internacional, y cuyo expediente se encuentra detenido. Señaló que en el caso de Venezuela la reducción del 99% de los ingresos en divisas ha generado graves consecuencias en salud, educación, alimentación y programas sociales esenciales.
«Hemos entregado más evidencia de lo que Venezuela ha venido sosteniendo, que se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma como asesinato, como persecución contra el pueblo venezolano, como exterminio, como agravamiento de situaciones humanitarias», indicó.
Expresó su preocupación por el proceder de esta instancia multilateral en la que «hay casos donde hay una extremada lentitud para responder, mientras que hay casos donde hay una asombrosa rapidez para actuar», al tiempo que destacó la necesidad de una justicia descolonizada y despolitizada.
«En este caso, donde está involucrado el gobierno de los Estados Unidos, sus altas personalidades, que fueron los que impusieron un bloqueo criminal a Venezuela, que tienen ese impacto en la violación masiva de los Derechos Humanos de nuestro país, que se corresponden en delitos de lesa humanidad, ha habido muy poca y muy lenta actuación», sentenció.
Asimismo, hizo referencia a la situación actual en Gaza, donde más de 63 mil personas han perdido la vida, el 40% compuesto por mujeres y niños. «Además se suma ahora el hambre como instrumento de exterminio en este proceso terrible de genocidio, donde ya hoy 12 mil niños palestinos padecen de una hambruna grave, aguda, que amenaza su existencia», agregó.
Explicó que las pocas iniciativas que se toman desde organismos internacionales son obstaculizadas por funcionarios del gobierno de EE.UU e Israel.
En esta reunión con el fiscal adjunto de la Corte Penal, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la legalidad internacional, los instrumentos y mecanismos de cooperación suscritos, para garantizar la vida y la paz de los pueblos del mundo.
Fuente: Prensa Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
