Fanco garantiza el derecho a las prestaciones sociales de todos los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional.
(Prensa Fanco, SA. – 20/06/29019). – El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (Fanco), ente adscrito al ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, arribó a su sexto aniversario con la misión de generar y manejar instrumentos financieros y de inversión destinados al pago de prestaciones sociales de los trabajadores del sector público.
Desde sus inicios, Fanco administra con transparencia y eficiencia las fuentes de financiamiento necesarias provenientes en su mayoría de dividendos y ganancias petroleras, recursos con los que se honran los compromisos de pagos de prestaciones sociales.
En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.915, de fecha 4 de mayo de 2012, se publicó el Decreto N° 8.896, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de fecha 31 de marzo de 2012, la constitución del Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera.
Y fue bajo las directrices humanistas del entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías, cuando se creó en fecha 19 de junio de 2012, el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, según Acta Constitutiva publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.053, de fecha 19 de noviembre de 2012.
Nació como el instrumento alternativo destinado al pago de la deuda derivada de las prestaciones sociales del Estado con sus trabajadores y trabajadoras, y a soportar el régimen prestacional de los trabajadores de la administración pública.
Desde el año 2012 al 31 de diciembre de 2017, Fanco otorgó beneficios a más de 58 mil trabajadores, por un monto de 17 mil 931 millones 259 mil 902 bolívares. Y para este año 2018, se tiene previsto favorecer a un total de 4 mil 620 trabajadores con el pago de sus prestaciones sociales por bolívares 2 mil 781 millones, aproximadamente.
Seis años después, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros continúa con el legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez para cumplir con las trabajadoras y los trabajadores de la Administración Pública Nacional en el pago de sus prestaciones sociales pendientes y garantizarles el derecho a sus pasivos laborales.
