Repartirse el botín de lo robado a la nación, ha sido sin duda, una práctica de la antiética en el seno de la extrema derecha venezolana en el último lustro.
En esta cronología que hoy presentamos para recorrer un oscuro episodio que se despide de la Asamblea Nacional, tras la victoria de un pueblo que decidió por el voto el pasado 6 de diciembre hacer justicia contra la ignominia, el abandono y el saqueo, y tomando en cuenta que fue el Poder Legislativo, el epicentro de la conspiración contra Venezuela, se relatan brevemente algunos de los hechos.
En ese orden, lo robado se expresa desde 2015, en miles de millones de dólares. Los fondos provienen en buena parte de los activos venezolanos congelados en el extranjero por la administración de Donald Trump y sus gobiernos acólitos, mientras que otra parte procede de las ventas de petróleo y de las ganancias de CITGO filial de PDVSA en Estados Unidos, ilegalmente tomada por la ultraderecha para beneficio propio.
Como nunca antes en la historia de la República, el asalto, saqueo y pillaje de los recursos financieros de Venezuela en suelo extranjero, ha sido público y notorio, inclusive no sólo por la denuncia de corrupción emanada desde el Ejecutivo, sino porque diversos medios de comunicación internacionales, que si bien no son afectos al Gobierno Bolivariano, han dado cuenta del desfalcó a la nación y el destino que lleva el dinero del pueblo, que no es otro que su afiliación a las arcas de la naciente burguesía parlamentaria que se estrenó en 2015.
En el ciclo del robo, se inscribe la coalición de la ultraderecha encabezada por el exdiputado, Juan Guaidó, (autoproclamado el 23 de enero de 2019) quien ciertamente beneficio a su par, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, con un lobby avalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de la Casa Blanca, que le permitió hacer un gran negocio a través de fraudulentos contratos con dinero de la República.
López, hoy prófugo de la justicia y quien habita en un lujoso barrio de Salamanca en Madrid, acumuló una fortuna aproximada de 600 millones de dólares producto del financiamiento de las elites estadounidense para derrocar al gobierno venezolano y los recursos asaltados a la nación, así lo denunció el Jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, en una entrevista concedida a periodistas de medios venezolanos en el mes de diciembre pasado, donde reiteró que el activista de la extrema derecha insiste en los planes conspirativos contra Venezuela.
Se suma en esta línea a Juan Guaidó, quien ha desviado recursos del pueblo venezolano a cuentas propias en Panamá, Miami y Madrid, así como en paraísos fiscales.
Guaidó, bajo un interinato, que se estableció al margen de la Constitución Nacional, apuntaba a derrocar al gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro. En este intento, se inscriben otros hechos ligados al paramilitarismo y al terrorismo que se detallarán más adelante y que fueron financiados con el dinero venezolano secuestrado en el extranjero, como parte del guion de guerra multiforme que sufre nuestra nación desde el año 2013.
La coalición suma a otros exdiputados conocidos por su carácter entreguista y por pedir sanciones a Venezuela ante las autoridades de los Estados Unidos, como método para obtener el poder político donde se cuentan los grises, pero peligrosos actores, como Julio Borges, Carlos Vecchio, Antonio Ledezma, David Smolansky, Tomás Guanipa, Freddy Guevara, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Luis Florido, entre otros, que hoy residen en la comodidad de grandes mansiones compradas con dinero del pueblo venezolano y bajo el manto de impunidad avalado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
El Presidente Maduro, denunció los hechos y reiteró que “ser oposición de extrema derecha en Venezuela es un gran negocio”.
Vale precisar en esta cronología que dilapidar los fondos obtenidos para fines propios es ya una práctica afilada de la ultraderecha encabezada por Guaidó, que se demostró más temprano cuando tramaron una “supuesta ayuda humanitaria”, con un concierto realizado en la frontera colombo-venezolana, que tenía como fin hechos violentos para desestabilizar la democracia en Venezuela y cuyo financiamiento provenía del gobierno de los Estados Unidos y de las elites empresariales neogranadinas. El concierto recaudó 2,5 millones de dólares.
Humberto Calderón Berti, integrante del equipo de Guaidó denunció casos de corrupción donde se vieron involucrados otros exdiputados y la doble facturación y la utilización de recursos de la “ayuda humanitaria” en “hoteles, fiestas, prostitutas y licor”.
Y es que precisamente, la trama de corrupción protagonizada por Guaidó, es lo que propiamente le hace ruido al gobierno estadounidense al punto de no poder disimular su malestar e intentar retirarle los recursos hoy administrados por la OFAC y el Departamento del Tesoro.
Todo apunta desde Washington a develar parte de esta trama, y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha informado en su cuenta en Twitter en castellano que desde 2017, ha entregado a la oposición liderada por Guaidó más de 1.200 millones de dólares (unos 990 millones de euros) en ayudas para supuestos «venezolanos vulnerables».
En torno a esto, el Presidente Nicolás Maduro, ha sugerido a las autoridades del país del norte investigar el destino del «dinero de los contribuyentes» porque «los miles de millones de dólares que han sido otorgados a estos criminales (Guaidó), reposan ahora en cuentas bancarias en paraísos fiscales».
Ha dicho además el Jefe de Estado que «si se desarrollara una investigación seria, se encontrarían con grandes sorpresas de ladronaje, estafas y mentiras».
La trama en cifras
El 24 de enero del 2019, el Departamento de Estado, anunció su intención de otorgar más de US$ 20 millones al llamado “nuevo gobierno de Guaidó” para ser utilizados en la supuesta “ayuda humanitaria” y en la “lucha contra la escasez de comida y medicamentos”. La realidad es que este financiamiento a entrado a las arcas de la extrema derecha.
De acuerdo con el portal Misión Verdad, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) en desacato desde el 2015, y afiliados a Guaidó, acordaron discretamente pagarse 5 mil dólares al mes con retroactivo a enero y hasta diciembre de 2019. Esto con información suministrada en investigación de Joshua Goodman, del medio The Associated Press (AP), y Orlando Avendaño, del medio PanAm Post.
Los fondos, se establecieron a través de una reunión informal por vía electrónica donde se “aprobó” una “Ley Especial del Fondo de Liberación de Venezuela y Atención a Riesgos Vitales” que consiste en la repartición de 80 millones de dólares, 23% de lo sustraído por la administración Trump a la República, para la protección de los miembros de la AN, liderada por Guaidó. Para entonces, la división de las fuerzas de la ultraderecha se expresó en un malestar que se denominó “la rebelión de las regiones”, donde varios diputados se opusieron a estos pagos que consideraron injustos debido a la forma de la repartición, lo que trajo como consecuencia el fraccionamiento de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia.
Igualmente, el llamado “Fondo de Liberación” estipula un desembolso mayoritario (45%) en gasto social para “aliviar la crisis humanitaria”, en principio emitirían tres bonos mensuales de 100 dólares cada uno para los “héroes de la salud”, cuyo pago se anunció que sería a través de carteras digitales administradas por la Organización de Estados Americanos (OEA) a un costo de 9.2 millones de dólares (menos del 3% de lo sustraído por Washington), refiere Misión Verdad. De esto apenas se informó de un sistema de postulación para validar los criterios de asignación.
En otro tanto, se cuenta el asalto a los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) que reposaban en la entidad financiera Citibank, de Estados Unidos, transferidos a otra cuenta no venezolana en la Reserva Federal de Nueva York, que suman la cantidad de 342 millones de dólares y que hoy están bajo las ordenes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) y de la saliente AN, de los cuales la ultraderecha ha solicitado 80 millones.
Con la firma en 2019, de la Orden Ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, se estima que la apropiación ilegal de Citgo le costó al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados, refiere el portal Hinterlaces. A la fecha la estatal fue asumida ilegalmente por Guaidó con la anuencia de la Casa Blanca.
En referencia, el 17 de junio de 2019, el entonces ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló: “Me acaban de llegar los datos frescos que señalan que es muy probable que el Departamento de Justicia de EE.UU., abra la averiguación Ad Hoc a la junta directiva espúrea que Guaidó nombró en la empresa Citgo, porque alteraron la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de intereses”.
Más temprano, en abril de 2019, el Presidente de la República Nicolás Maduro, solicitó al gobierno de Portugal pronunciarse por el secuestro de más de mil 700 millones de dólares que estaban destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes, en Novo Banco en Portugal. Desde la entidad financiera se realizaban las transferencias para el Banca Versilia (Italia) para el pago de la Asociación ATMO italiana, con la que había un convenio para realizar trasplantes de médula ósea en niños y adultos. El programa de salud con Italia se ejecutaba a través de CITGO, confiscada por EEUU.
Guaidó presionó junto al gobierno de Estados Unidos para que los recursos no fueran liberados. Decenas de pacientes se vieron afectados en su tratamiento en Italia y Argentina y varios niños fallecieron.
En el caso del oro venezolano que reposa en el Banco de Inglaterra, el Gobierno Bolivariano, inició la defensa de este recurso dado que el Reino Unido, se niega de manera arbitraria a reconocer al presidente Maduro, por lo que inicia una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra por el retiro de US$1.000 millones en lingotes para venderlos y usar los fondos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, Guaidó, financia un bufete para hacerse de este recurso.
La Operación Gedeón
La incursión armada denominada Operación Gedeón, que fue frustrada por las autoridades venezolanas en unión cívico-militar-policial, el pasado 3 de mayo, tuvo como origen de financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con la administración de Iván Duque y del paramilitarismo colombiano. La operación de incursión militar se definió en un contrato firmado entre Guaidó como supuesto “Presidente de Venezuela”, a través de sus asesores Sergio Vergara y Juan José Rendón y Jordan Goudreau como representante de la empresa Silvercorp USA, contratista para operaciones militares.
El entramado de terrorismo, violencia y muerte firmado en el documento estableció el pago de 212 millones 900 mil dólares respaldados en petróleo venezolano, para ejecutar la operación en 495 días. El desertor venezolano Clíver Alcalá, fungiría como jefe de la operación, en articulación con el grupo paramilitar Los Rastrojos, también ampliamente vinculado a Guaidó, en graficas representativas durante su viaje a Colombia, para liderar el concierto en la frontera colombo –venezolana que precedía a la supuesta ayuda humanitaria.
El bloqueo contra Venezuela
Como parte del guión de ataques orquestados por la extrema derecha parlamentaria, Venezuela ha perdido 99% de sus ingresos a través de los bloqueos y sanciones emitidos por Washington.
“El bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015, es la materialización en el campo de la economía de un política de guerra. Su objetivo es asediar, ahogar, asfixiar la economía venezolana hasta implosionarla, y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela”, denunció el presidente Nicolás Maduro Moros, al aseverar que el país ha perdido aproximadamente 30 mil millones de dólares al año, sólo por la imposibilidad de vender petróleo, por culpa de la persecución financiera del imperio estadounidense a PDVSA.
El país ha enfrentado una crisis muy significativa dadas las diferentes medidas que han sido impuestas contra la nación, las cuales han atacado la economía, sin embargo, se ha venido trabajando arduamente para mantener al país de pie, refirió el jefe de Estado en entrevista concedida a medios nacionales en el Palacio de Miraflores en diciembre pasado.
Hoy, cuando se instala una nueva Asamblea Nacional, mayoritariamente Bolivariana, Venezuela, despide para siempre a los parlamentarios de la extrema derecha que mancillaron la tierra de Bolívar con acciones entreguistas al hegemon. Nunca más en la historia, se leerá que el Parlamento Nacional fue epicentro de los más crueles castigos al pueblo venezolano.
