La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, denunció ante la opinión pública nacional e internacional que las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero que aplica el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela desde el año 2014, tienen un impacto criminal en la atención a la pandemia por la COVID- 19, así como en todos los programas sociales destinados a la atención del pueblo.
En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez, rechazó las ilegales sanciones que desde la Casa Blanca y con la anuencia de la ultraderecha nacional se practican de manera deliberada y permanente contra el pueblo venezolano, lo que se califica de acuerdo del Estatuto de Roma, como delitos de lesa humanidad, y por esta razón ha sido consignado un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI), como cierre del ciclo de denuncias que se adelanta desde el 2020, para que sean estudiadas en el marco jurídico internacional.
Acompañada por el Canciller de la República, Félix Plasencia, y del Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Larry Devoe, la Vicepresidenta Ejecutiva, también denunció el robo de los recursos líquidos del Estado venezolano en suelo extranjero, lo que ha impedido la adquisición de las vacunas, medicamentos y los equipos médicos indispensables para el control de la pandemia de la Covid-19.
“En junio de 2020, nosotros demostramos ante la Corte Penal Internacional el impacto de este bloqueo criminal en el control de la pandemia por la COVID-19. El 25 de marzo el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) envía una carta al Citibank, donde Venezuela tiene depositado 342 millones de dólares y la respuesta que le ofrece el Citibank es que los recursos del BCV están represados por el régimen de sanciones”, detalló en su intervención.
Asimismo, Rodríguez, dijo que este dinero fue transferido a una cuenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y desde se enviaron 6 millones de dólares a personeros de la oposición para costear gastos personales, con el patrimonio de todos los venezolanos.
No obstante, destacó las acciones adelantadas por el Presidente Nicolás Maduro, para contrarrestar el impacto del bloqueo y así garantizar la atención a la población afectada por la pandemia.
“Gracias al apoyo de China, Rusia, Irán, La India, Turquía y Cuba para nosotros afrontar esta situación, como un pueblo en unión preocupado por la salud, un pueblo consciente en el control de la pandemia, pero sabemos también lo que ha hecho el extremismo y el gobierno de los Estados Unidos de perseguir nuestros recursos, nadie puede dudar de eso”, destacó.
Recordó en el abril de 2021, se presentó ante CPI, el informe realizado a relatora especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos, Alena Douhan, en el cual se instó a EE.UU., la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.
“Allí se midió el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute y garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano, está muy detallado en materia de salud, en educación, en alimentación, en nutrición, el impacto en todos los programas sociales que ha tenido este bloqueo criminal”, refirió.
Medidas afectan el motor industrial del país
En otro orden de ideas, Rodríguez, aseveró que las medidas ilegales también limitaron el funcionamiento de la industria productora de medicinas en Venezuela, “más de la mitad de transnacionales productoras medicamentos en el país, 15 filiales de empresa farmacéutica en el año 2016, causaron la producción de medicamentos”. Además, de la adquisición de las inmunizaciones para el Plan Nacional de Vacunación para los niños en edad escolar, tales como, el rotavirus, pentavalente, neumococo, sarampión, entre otras, citó Rodríguez.
Al mismo tiempo, explicó que en el informe incluye las pruebas sobre los daños generados para la recuperación de hidrológicas del país, como el embalse La Mariposa, Hidrocapital e Hidrolago, al impedir la importación de los repuestos para su reparación.
Por último, indicó que también se atacó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la distribución de alimentos para el pueblo, el cual fue sancionado con una Orden Ejecutiva firmada por el gobierno de los Estado Unidos en el año 2014.
“Estos son algunos de los ejemplos que nosotros hemos consignado, de cómo se hace la población civil de manera sistemática, de forma generalizada con conocimiento del daño que se estaba haciendo. Hemos mostrado también las confesiones, así que esto ha sido un proceso que inició en febrero 2020, donde remitimos a la Corte Penal Internacional, y le decimos atención se está cometiendo un delito de lesa humanidad contra la población civil venezolana”, finalizó.
T: Prensa Vicepresidencia
